En el contexto del primer Semestre Europeo 2019, el Documento de trabajo COM (2019) 150 final, publicado el 27 de febrero de 2019 por los servicios de la Comisión Europea titulado “Informe sobre España 2019”, además de reflejar la situación en materia de prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos, incluye una evaluación de los avances realizados en función de las recomendaciones recibidas en el Informe del año anterior 2018, así como un esbozo de lo que serán las prioridades en la programación de la política de cohesión para el periodo 2021-2027.

En concreto, en lo que está más relacionado con el propósito de la Red de Inclusión Social (RIS), España recibió en 2018 la recomendación 2 que exponía lo siguiente: “Reforzar la coordinación entre los servicios autonómicos de empleo, los servicios sociales y las empresas, a fin de responder mejor a las necesidades de los solicitantes de empleo y los empresarios. Adoptar medidas destinadas a promover la contratación por tiempo indefinido. Hacer frente a las disparidades autonómicas y la fragmentación en los sistemas de renta mínima garantizada y mejorar el apoyo a las familias, incluido el acceso a guarderías de calidad. Incrementar la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado de trabajo. Corregir las disparidades autonómicas en los resultados educativos, en particular mediante el refuerzo de la formación del profesorado y el apoyo individual a los estudiantes.»

La valoración que se hace en el informe acerca de cómo ha abordado España la atención a dicha recomendación es que nuestro país presenta sólo algunos avances modestos en el refuerzo de la coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales y, en particular, este progreso sólo se registra en algunas comunidades autónomas. También se detectan algunos avances en el fomento de la transición hacia contratos indefinidos, avances limitados en la corrección de la fragmentación en los sistemas de renta mínima garantizada y la mejora del apoyo a las familias y avances limitados en la lucha contra el abandono escolar prematuro.

Los esfuerzos para mejorar el diseño del sistema nacional de empleo continúan, pero se considera que aún es reducido el papel que los servicios públicos de empleo desempeñan como intermediarios en el mercado de trabajo. Las medidas destinadas a prestar servicios individualizados a los demandantes de empleo, también a través de la elaboración de perfiles y de las herramientas de IT, se encuentran aún en su fase inicial. Se considera sin embargo que la cooperación con los servicios sociales está mejorando en algunas comunidades autónomas, fundamentalmente por medio de las sesiones de formación conjunta del personal y el intercambio de mejores prácticas en el contexto de la Red de Inclusión Social.

Pero el elemento central del Informe España 2019 es el referido a las Orientaciones de inversión sobre la financiación de la política de cohesión 2021-2027 para España (recogidas en el Anexo D).

En esta sección se proporciona una base para el diálogo entre España y los servicios de la Comisión, con vistas a la próxima programación plurianual de los fondos de la política de cohesión (que financiarán el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo Social Europeo Plus). Dentro de los factores para la aplicación eficaz de la política de cohesión, se considera necesario el refuerzo de la coordinación institucional y los mecanismos de colaboración entre las administraciones central, autonómica y local y dentro de ellas, incluidas la valoración y la evaluación de la eficacia de las políticas; coordinación reconocemos que es elemento sustancial dentro de los objetivos de la RIS.

La política de cohesión para el nuevo periodo se va a diseñar en torno a 5 Objetivos Estratégicos (OE). Dentro del OE 4: “Una Europa más social mediante la aplicación del pilar europeo de derechos sociales”, entre otras, se dará prioridad a las inversiones que refuercen la capacidad de los servicios públicos de empleo para “establecer asociaciones con los servicios sociales, las instituciones educativas y formativas y el tercer sector”.

Asimismo, dentro del mencionado OE4 se desea “fomentar la inclusión activa, promover la integración social de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, en particular los niños, los nacionales de terceros países y las comunidades marginalizadas como los gitanos, y reforzar el acceso igualitario y oportuno a unos servicios de calidad y a la protección social, en particular para: desarrollar políticas activas de inclusión, incluido un enfoque de doble vía para las personas con discapacidad; adaptar la protección social a los cambios sociales y del mercado de trabajo”, además de “luchar contra la discriminación, especialmente en el acceso a la educación, el mercado de trabajo y los servicios sociales; apoyar las infraestructuras de viviendas sociales, conjuntamente con las intervenciones en los ámbitos de la educación, el empleo y la sanidad“.

Ante el nuevo contexto, tiene todo el sentido que la RIS continúe siendo el foro en el que se identifique el potencial de colaboración y se establezcan las sinergias para generar un marco de coordinación entre los servicios públicos sociales y de empleo regionales y de estos con los organismos del tercer sector.

El documento está disponible en: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf